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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó en un comunicado que "a partir del 1 de enero de 2024, la exportación de cortes bovinos frescos y de los denominados cortes preferidos frescos, enfriados o congelados", al finalizarse la vigencia de la normativa adoptada por el gobierno de Alberto Fernández.
Lo hizo luego de la "acción declarativa de certeza" presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra. Mientras tanto, acumulan pedidos de amparo en la justicia en lo Contencioso Administrativo federal para impedir la aplicación de la norma.
Organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares se presentaron ante distintos fueros judiciales para reclamar que se impida la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica presentado por el Gobierno de Javier Milei.
La central sindical protestará frente al Congreso. Rechazan el megadecreto firmado por el Presidente y la Ley Ómnibus que el Gobierno envió el miércoles a la Cámara de Diputados. El último paro general de la CGT fue en mayo de 2019.
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) presentarán un recurso de amparo contra el decreto impulsado desde el Poder Ejecutivo.
La ley ómnibus de Javier Milei ofrece, en sus más de 600 artículos, algunas perlitas. El afán desregulador a niveles thatcherianos incluye cuestiones que, si no fuera por lo dramático de aprobar el corpus, sería hasta graciaso.
Establece que los ciudadanos deberán pedir permiso al Ministerio de Seguridad para realizar encuentros que involucren a tres o más personas. La cartera de Seguridad podrá rechazar o modificar las convocatorias.
Sin incluir la reversión del impuesto a las Ganancias que le prometió a los gobernadores, el Presidente busca que se aprueben las reformas y que se ratifique la validez del decreto 70/2023. Se aferra al 55.69% de los votos que consiguió en el balotaje para impulsar las propuestas.
La norma pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Plantea reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
La delegación legislativa será en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.Un grupo de personas se encuentran cara a cara con efectivos porteños. Hubo un detenido y agredieron a medios de prensa.
La concentración es en Plaza Lavalle, en repudio al mega-DNU que impulsó Javier Milei una semana atrás. Hoy no habrá reunión de Gabinete en Casa Rosada. Ayer el Presidente amenazó al Congreso y dijo que si no avala su decreto podría convocar a un plebiscito.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, afirman que solo les quitarán la asistencia social a los beneficiarios que no hayan respetado el derecho a la libre circulación.
El Presidente consideró que la situación económica "requiere de medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces pero el riesgo de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo".
La denuncia de incompatibilidades fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuan. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.
