Frente al reciente hecho trascendido en los medios de comunicación -nacionales y locales- el cual está relacionado con el testimonio del maltrato que recibía una adolescente dentro del dispositivo de cuidados residenciales “Rincón de Luz” de la ciudad de Virasoro.

Cabe señalar que anteriormente, trascendió un hecho consternante de otro hogar en dicha ciudad; en esa oportunidad, se acompañó el pedido de información realizado desde la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes de la Provincia de Corrientes (REDNNAJ) a las instituciones/ funcionarios responsables del funcionamiento de dichos espacios, que debería ser bajo la perspectiva de derechos que rige desde la sanción de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes.
Resulta necesario realizar un pequeño recorrido histórico por las normativas que han regido a las infancias y a las familias para comprender el contexto actual. En 1919 se sanciona la Ley de Patronato Estatal de Menores (Ley N° 10.903), impulsada por políticos e intelectuales de la época que consideraban la institucionalización como la manera más adecuada de “corregir a los menores”. Siendo que el paradigma tutelar concebía un modelo de familia, pautas adecuadas de crianza y valores de maternidad y paternidad. Esta ley consolidó un nuevo paradigma jurídico, social, ideológico y cultural, e institucionalizo la práctica de encierro masivo de niños por causas sociales, la mayoría de las veces arbitrarias, en la idea de quien definiese situaciones de abandono, peligro moral o material. Si bien ese paradigma debió ser abandonado cuando la Argentina suscribe la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 1990, de hecho, no se efectiviza por la importante influencia de las políticas de control. También se menciona en este Tratado a la Constitución Nacional, pero indudablemente este marco legal no puede desterrar definitivamente el Patronato y su sistema de control y tutelaje. Recién tuvo lugar en el 2006 con la ley 26061 de Protección Integral, en donde se reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos diferentes de los adultos, y con derechos específicos.
Desde el COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE CORRIENTES, vemos con preocupación, dado que la realidad en nuestra provincia no pareciese ser muy distante del Patronato, perspectiva asumida por algunos funcionarios y profesionales que tienen consecuencias en el reconocimiento de las infancias y adolescencias como sujetos de derecho; desfavoreciendo la desinstitucionalización; obstaculizando recursos, herramientas y la inexistencia de políticas públicas de cuidados alternativos. Así también, hacen caso omiso a la CORRESPONSABILIDAD, sin promover la construcción de redes comunitarias que favorezcan la deconstrucción del enfoque tutelar en el que muchos han sido criados y socializados, siendo la educación popular una estrategia para lograr un mayor alcance.
Favorecer a la desinstitucionalización debe ser una prioridad del Gobierno Provincial y Municipal, para la cual se necesitan lineamientos políticos que permitan reconocer y acompañar a las diferentes organizaciones familiares de la sociedad correntina; apostar a la calidad de la atención en salud, específicamente la inserción de profesionales en salud mental, ya que muchas familias deben optar por el sector privado cuando se les indica un tratamiento y en el caso de no estar a su alcance, son categorizados como ”familias multiproblemáticas”; así también, desterrar la remuneración con becas, a la que son sometidos muchos profesionales.
Ante ello, desde el CTSC expresamos que es urgente y prioritario la plena vigencia de la ley 26.061. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en nuestra provincia!
Exigimos su implementación, y la aplicación de medidas de protección y promoción de derechos, contextualizadas a nuestro actual escenario social, donde se ven vulneradas las infancias y adolescencias correntinas. Exigimos políticas públicas en el ámbito provincial que garanticen la plena vigencia de derechos de nuestras infancias y adolescencias. Exigimos se asuma la responsabilidad por parte del Estado provincial y todas sus dependencia ante estos casos de abuso y violencia hacia niños, niñas y adolescentes bajo su resguardo, Y se tomen las medidas legales y administrativas pertinentes!
El Estado es responsable!!! COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE CORRIENTES