Bajo un clima de extrema expectativa social y estrictas medidas de seguridad institucional, la provincia es escenario del proceso judicial más trascendente de su historia reciente. Con 60 minutos de retraso respecto del horario previsto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dio inicio formal este martes al juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña.
El debate congrega en un único y masivo proceso las dos líneas de investigación del expediente, sentando en el banquillo a 17 acusados de manera simultánea.
La unificación de las causas dispuesta por los magistrados Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco permitió que en las salas del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional se ventilen de forma coordinada las dos tramas del caso.
Por un lado, la hipótesis principal que persigue la presunta sustracción y ocultamiento del niño de 5 años en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio; por el otro, la causa conexa destinada a juzgar a la organización civil que ejecutó el supuesto desvío, entorpecimiento y encubrimiento de la pesquisa judicial originaria.
Chalecos antibalas, un beso de reojo y una conexión virtual
El inicio de la audiencia de lectura de requerimiento estuvo marcado por el fuerte impacto visual que ofreció el traslado y el ingreso de los principales detenidos bajo custodia de las fuerzas federales de seguridad.
La primera en ingresar a la sala de debates fue Laudelina Peña, tía del menor desaparecido, a quien se la divisó fuertemente custodiada, vistiendo un chaleco antibalas de alta protección y con sus manos sujetas por esposas reglamentarias. Minutos más tarde hizo su entrada la exfuncionaria municipal de 9 de Julio, María Victoria Caillava, seguida inmediatamente por su pareja, el excapitán de navío Carlos Pérez, quien rompió el protocolo de la escolta para saludar a su esposa con un beso antes de ubicarse en los estrados de las defensas.
El lote de los procesados por la sustracción del menor en el banquillo presencial se completó con los ingresos de Daniel "Fierrito" Ramírez, el excomisario de la Policía de Corrientes, Walter Maciel, y Antonio Benítez.
La única excepción a la presencialidad física en el recinto de Gendarmería la constituyó Mónica Millapi, quien por disposición del Tribunal sigue de forma remota la lectura de las acusaciones a través de un sistema de videollamada desde la provincia de Neuquén, donde goza del beneficio de la prisión domiciliaria.
El bloque de la Fundación Dupuy y el único detenido por encubrimiento
En el segundo tramo de las acusaciones, la Fiscalía Federal busca acreditar las responsabilidades de las diez personas vinculadas a la denominada Fundación Dupuy, imputadas formalmente por el montaje de falsas pericias, maniobras de distracción pública y presiones psicológicas ilegales contra los menores que presenciaron los hechos en el naranjal.
De este lote de diez procesados por encubrimiento, el único que llegó al juicio oral bajo condición de prisión preventiva efectiva es Nicolás Gabriel Soria, alias "El Americano". El resto de los encausados en este expediente unificado —los abogados y psicólogos Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio— comparecen en el debate bajo el régimen de libertad supeditada, sujetos a las restricciones fijadas por el Tribunal.
Estrategia defensiva: el abogado de Maciel culpó al matrimonio
La primera jornada del megajuicio no tardó en registrar su primer pico de tensión política y procesal antes de que los jueces habilitaran los micrófonos. El doctor Ricardo Vallejos, abogado defensor técnico del excomisario Walter Maciel, pateó el tablero de las estrategias defensivas al desvincular de forma absoluta a su cliente y apuntar de forma directa y punzante contra el matrimonio Pérez-Caillava.
“Siempre sostuve desde que tomé contacto con esta causa, que esto fue un accidente y que los únicos responsables son Pérez y Caillava, y Laudelina por haber mentido”, disparó de forma tajante el letrado ante los medios apostados en el perímetro de Gendarmería.
Al ser interpelado sobre los elementos probatorios que sustentan su severa teoría del caso, Vallejos argumentó que la clave científica radica en los peritajes de rastro de olor realizados durante las fases iniciales de la instrucción penal. "Porque la prueba odorífica da positiva en la camioneta de él (de Carlos Pérez)", precisó, rechazando de plano las versiones de las defensas del matrimonio que sugieren que dicho peritaje con perros rastreadores se encontraba "contaminado" por fallas en la cadena de custodia.
Hacia el cierre de sus declaraciones previas al debate, el defensor de Maciel fue contundente respecto de la meta que buscará validar ante el Tribunal Oral Federal durante los meses que demande el proceso: "En el juicio va a estar por acreditado que Pérez y Caillava se lo llevaron", concluyó, reafirmando que el jefe policial de 9 de Julio fue utilizado como un chivo expiatorio en una maniobra delictiva que, según su óptica, se inició como un trágico siniestro vial.
