La Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes (AUC), expresó su "total " desacuerdo con el "pretendido" aumento de la tarifa de la energía eléctrica y reclamo la nulidad de la Audiencia Pública

El titular de la entidad, Nelson Veaz Oyarzo expresó sus puntos de vista en la Audiencia Pública por el precio de la energía realizada el miércoles en Concepción

"Estamos en total descuerdo con este pretendido aumento en la tarifa de la energía eléctrica en la Provincia de Corrientes y solicito que conste en actas esta manifestación", expresó.

Además señalo que la Audiencia Pública evidencia "un conjunto de vicios de trámite de carácter insalvables, violando todo un plexo normativo vigente, ocasionando adicionalmente, un grave perjuicio patrimonial a los distintos Usuarios, dado el severo e infundado incremento tarifario, no solo abarcando el año 2023 sino también ampliando los límites y proyectando con vistas al año próximo; además de haber realizado una futurología incierta."

Citó como ejemplo que un cargo fijo que en el año 2023 es de $1450 PESOS, es decir un 42% de incremento, en el año 2024 seria de $2300 un aumento del 66% lo cual es incomprobable de predecir

Vez observó que se han aprovechado del desconocimiento técnico de los interesados para mostrar un sinfín de números que hacen a los "gastos" que tiene la empresa y por lo cual se solicita el aumento pero no se informa precisamente el nuevo Cuadro Tarifario

Usuarios insiste en que debe declararse la nulidad de la audiencia por el desconocimiento claro del objeto de la convocatoria como lo prevé la Constitución Nacional y Provincial

Además cuestiona la situación del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), órgano autónomo para auditar y controlar el servicio energético no entró en funcionamiento hasta 2019 y sólo provisionalmente hasta la designación de un directorio por concurso lo que aún se espera y del que están excedidos los plazos

" La pretendida justificación fundada en la inexistencia del Ente en mención, viola groseramente los límites de los principios de legalidad y de razonabilidad" se asevera

Igual observaciones realiza sobre la situación de la Dirección Provincial de Energía (Dpec) intervenida esde 1993 la misa situación en que se encuentra hoy

Usuarios indica que "no es razonable que esta Audiencia Pública haya sido convocada en la localidad de Concepción y no en un lugar mayor densidad poblacional y facilidades para el alojamiento de los interesados provenientes de otras ciudades y, de esta forma, abaratar los costos

Pidió asimismo informes concretos sobre
a) ¿Cuál es el % ral de pérdidas técnicas, y no técnicas de la DPEC? Según el Expediente de esta Audiencia Pública, se reconocen pérdidas técnicas y no técnicas en un 12%, igual que en años anteriores, o sea que en todos estos años no han podido resolver los mismos.
b) ¿Cuál es la cantidad real de empleados administrativos, en relación de dependencia? ¿Cuál es la cantidad, de empleados operativos, que trabajan en la calle, frente a los reclamos de los Usuarios? ¿Cuántos están distribuidos en el Interior de la Provincia? Ya que el servicio continúa siendo ineficiente en muchos aspectos, como ser: cortes reiterados del suministro de energía y/o fuertes alteraciones y oscilaciones en su distribución. -
c) Si continua la Provincia percibiendo las regalías de la Represa Yacyretá, y excedentes de la Represa Salto Grande, en su caso, cuántos son los montos mensuales o anuales, o porque no se reciben? Y el motivo.- Las Regalías de Yacyretá y excedentes de la Represa Salto Grande que se encuentran volcadas al pago de la energía a CAMESA, no figuran en el análisis tarifario, cuando debieran hacer bajar el costo de la factura, tampoco se encuentran en el Presupuesto de la Provincia, y el Ministro, autoridad competente establece no conocer el monto de las mismas.

d) ¿Cuál es el monto total de las inversiones que dice realizar la Empresa para mejorar la calidad y eficiencia del servicio?

Adelanto por último que "promoverá en contra todos los responsables, las pertinentes acciones legales: civiles y penales que corresponda, haciéndoles responsables en forma solidaria de responder a título personal con su propio patrimonio por los daños y perjuicios, los abusos de autoridad, y la violación de los deberes de funcionarios públicos, en que eventualmente incurran