La comunidad académica de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) manifestó su profunda preocupación frente a la propuesta de reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639).
Según Haraví Eloisa Ruiz, titular de la Cátedra de Derecho Ambiental, la iniciativa legislativa que se presenta como una "ley aclaratoria" es, en realidad, un avance sobre la protección de recursos estratégicos de agua dulce y colisiona con la arquitectura jurídica ambiental argentina.
El eje central de la crítica radica en la transferencia de facultades del ámbito nacional al provincial. Actualmente, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) es el organismo técnico encargado del inventario de glaciares.
Con la reforma, este instituto pasaría a ser un "mero registrador", otorgando a las provincias el poder de decidir qué áreas son dignas de protección y cuáles no.
Discrecionalidad y riesgo minero
Para la especialista, este cambio es "gravísimo" debido a los fuertes lazos que muchas provincias —especialmente las de la región andina como San Juan, Salta o Catamarca— mantienen con la industria extractiva. La reforma permitiría que cada jurisdicción local modifique el inventario bajo criterios propios, lo que podría derivar en una desprotección de los ambientes periglaciares donde abunda el recurso minero.
"Permitir que las jurisdicciones decidan qué proteger sin pautas técnicas marco es violatorio del artículo 41 de la Constitución Nacional", argumentó Ruiz.
El sistema argentino establece un piso mínimo de protección uniforme en todo el territorio; romper ese piso implica, según la docente, una regresión prohibida por el derecho ambiental.
El Acuerdo de Escazú y el "principio de no regresión"
La Dra. Ruiz enfatizó que la reforma violaría el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, que establece que las normas ambientales no pueden retrotraerse ni plantear niveles de protección menores a los ya vigentes.
Además de la cuestión legal, advirtió sobre el impacto ecológico incalculable: los glaciares son reservorios estratégicos de agua dulce. Una eventual contaminación por actividad minera en estas zonas se extendería río abajo, afectando a las economías regionales, la producción de alimentos y la salud de las personas en múltiples provincias.
Un precedente para la Ley de Bosques
Desde la UNNE alertan que esta reforma podría sentar un "antecedente peligroso" para otras normativas de presupuestos mínimos, como la Ley de Bosques, que también enfrenta presiones en las provincias donde abunda el recurso forestal.
Frente al tratamiento de la iniciativa en el Congreso, donde la Cámara de Diputados convocó a audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, Ruiz se mantiene optimista respecto a las vías judiciales.
Considera que, de sancionarse la ley, existen herramientas como las acciones de inconstitucionalidad para salvaguardar el sistema ambiental actual.
