El Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes se encuentra en el centro de la tormenta tras la difusión de graves denuncias que involucran a un agente de la fuerza en casos de acoso sistemático y abuso de autoridad. Ante la presión social generada por la viralización de los testimonios, la jefatura de la institución ordenó el desplazamiento preventivo del efectivo y el inicio de un sumario administrativo.

La denuncia, que circuló masivamente en redes sociales, identifica al penitenciario bajo las iniciales P.E. y sostiene que el sujeto mantenía una conducta abusiva hacia las mujeres dentro de la fuerza.

Según el relato de las víctimas, el agente es reincidente: aseguran que ya había sido apartado de su cargo en el pasado por hechos similares, pero que logró regresar a funciones "apañado" por la cúpula institucional.

Acusaciones de protección jerárquica

Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta directamente al jefe del Servicio Penitenciario, Andrés Sotelo. Las acusaciones señalan que el jerarca no solo habría permitido el retorno de P.E. al servicio activo, sino que también habría brindado "protección" ante recientes denuncias de acoso.

Un caso testigo citado en el descargo público refiere a una presunta situación de acoso hacia su propia secretaria. Según la denuncia, la respuesta de la institución fue trasladar a la mujer a otra dependencia, manteniendo al sospechoso en su cargo jerárquico.

Esta situación derivó en un pedido de intervención inmediata dirigido al Ministerio de Seguridad provincial para desmantelar lo que definieron como una "red de impunidad".

La respuesta oficial: pase a disponibilidad

Ante el impacto mediático y el descontento interno, el Servicio Penitenciario emitió un comunicado oficial mediante el cual se desvincula de las conductas denunciadas. La institución subrayó que su accionar se rige por el "respeto irrestricto a los derechos humanos" y la ética profesional.

Para garantizar la transparencia del proceso, se dictó la Resolución JSP N. 87/2026, que dispone la separación del servicio activo del agente involucrado. "Se ha dispuesto la instrucción de un Sumario Administrativo para investigar lo ocurrido y determinar las responsabilidades", precisaron desde la fuerza.

La medida busca evitar cualquier tipo de interferencia del acusado en el proceso administrativo mientras se evalúan las pruebas y testimonios recolectados en el marco de la investigación interna.