El escándalo de corrupción municipal en Resistencia, Chaco, ha llegado a su clímax con la condena de la exintendenta Aída Ayala y varios otros implicados en un caso de fraude y lavado de activos que ha sacudido la administración pública.

 En una decisión histórica en la ciudad de Resistencia, en Chaco, la exintendenta Aída Ayala ha sido condenada por su papel protagonista en un caso de malversación de fondos municipales. La exfuncionaria, que lideró la ciudad bajo la bandera radical, fue declarada autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, una condena que le costará tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de las funciones públicas.

El tribunal dictaminó que Ayala deberá fijar residencia durante el tiempo de su condena y no podrá modificarla sin previa autorización. Además, deberá llevar a cabo trabajos comunitarios no remunerados durante dos años. Estas medidas se suman a la condena principal, resultado de una denuncia presentada años atrás por el entonces diputado provincial Ricardo Sánchez, respaldada por varios de sus pares.

Además de Ayala, varios otros individuos han sido condenados por su participación en el esquema de corrupción. Jacinto Sampayo, ex titular del gremio municipal, fue condenado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activo, con una pena de tres años y seis meses de prisión y multas de dos veces el monto de la operación. Por su parte, Daniel Fischer y Carlos Huidobro fueron condenados por su participación necesaria en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, con penas de seis años y seis meses y cinco años y seis meses de prisión, respectivamente.

Según la justicia, Ayala y Sampayo lideraban una organización que se encargaba de apoderarse ilegítimamente de fondos municipales a través de personas de su confianza. Se les acusa de manipular procesos de licitación para beneficiar a un grupo empresario conformado para este fin, ocultando la identidad de los verdaderos dueños y blanqueando fondos ilícitos. La organización habría utilizado sociedades como PIMP SA y Recifis, para obtener beneficios económicos a través de licitaciones municipales.

Este caso ha expuesto la profundidad de la corrupción en las administraciones públicas locales, y ha dejado una mancha en la imagen de Resistencia. A medida que la ciudad se recupera del escándalo, la esperanza es que este caso sirva como un recordatorio de la necesidad de la transparencia y la integridad en el gobierno.

La investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal reveló que la organización liderada por Ayala y Sampayo fue reclutando a otras personas que contribuían con medios y nombres para construir un entramado societario destinado a ocultar a los verdaderos dueños y blanquear fondos ilícitos. Entre los implicados se encontraban Pedro Alberto Martínez, quien habría prestado su nombre a Carlos Huidobro, sobrino de Sampayo, para aportar camiones a PIMP SA, una empresa en la que también se señaló a Alfredo Bouza como socio.

Otra figura clave en este esquema corrupto fue Daniel Alejandro Fischer, exnovio de la hija de Ayala, quien creó la empresa "Recifis" con el objetivo de obtener un contrato de recolección de residuos. Estas acciones ilegales fueron llevadas a cabo a través de manipulación de procesos de licitación, beneficiando a un grupo empresario conformado por personas que actuaban bajo la dirección de Ayala y Sampayo.

El caso ha sido un duro golpe para la ciudad de Resistencia, que ha visto comprometida su confianza en las autoridades municipales. Sin embargo, la condena de los responsables es un paso importante hacia la rendición de cuentas y el restablecimiento de la transparencia en la gestión pública.

Es importante destacar que, a pesar de las condenas, algunos implicados fueron absueltos. Natalia Soledad Martinez Guarino, Fátima Jessica Rigassio, Mónica Centurión, Patricia Vázquez, Diego Alberto Martínez Guarino, Enrique Baumwollspinner, Elsa Graciela Martínez, Cristian Adrián Zapata y Víctor Hugo Quiróz fueron absueltos de los cargos presentados en su contra.