Siguiendo el curso natural que marca la inflación, la entidad fiscalizadora procedió a la actualización de los montos de referencia, cuya función radica en establecer los puntos de inicio a partir de los cuales las entidades bancarias y las billeteras virtuales deben alertar y notificar acerca de las transacciones realizadas por sus clientes.

Las cifras actualizadas

Desde el 1.º de agosto, el monto mínimo relativo a las acreditaciones, extracciones mensuales, saldos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuenta a sueldo o de la seguridad social y cuentas especiales, que requerirán ser comunicadas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), experimentaran una actualización considerable, escalando desde los 90.000 pesos hasta los 200.000 pesos.

Mientras que, paralelamente, los registros acumulados de consumos realizados mediante tarjetas de débito en el transcurso de cada mes se elevarán de manera sustantiva, pasando de 30.000 pesos a 120.000 pesos.

Al mismo tiempo que, los importes a ser comunicados en relación a las transferencias electrónicas o bancarias experimentarán un salto cuantitativo significativo, ascendiendo desde la marca de 200.000 pesos hasta alcanzar un nuevo límite de 400.000 pesos.

Cabe destacar que la anteúltima actualización tuvo efecto durante el mes de mayo, lo que significa que transcurrieron aproximadamente tres meses desde aquel entonces en donde se dieron a conocer las nuevas escalas establecidas, con el propósito de optimizar las operaciones, así como ejercer una supervisión minuciosa sobre los datos financieros.

Asimismo, la AFIP proporcionó una aclaración, señalando que en el caso de que un usuario exceda los parámetros establecidos en alguna categoría, la entidad tendrá la responsabilidad de comunicar no solamente la transacción en cuestión, sino también la totalidad de las acciones llevadas a cabo durante el transcurso del mes.

Basándose en este escenario, la Administración Federal de Ingresos Públicos procede a un minucioso análisis con el fin de verificar la concordancia existente entre los datos consignados como ingresos por parte de los contribuyentes y los registros contabilizados.