En el estreno de la agenda reformista y luego de conseguir dictamen, el oficialismo intentará avanzar con la ley de leyes, que incluye la derogación de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. También se tratarán la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal.
El Gobierno tendrá este miércoles el estreno formal de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, donde buscará darle media sanción a la Ley de Presupuesto 2026, iniciativa que obtuvo dictamen en la reunión de comisión e incluye la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y Ley de Financiamiento Universitario.
La sesión, prevista para las 14, abarca también el tratamiento de la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal. Además, el bloque oficialista se estrenará como principal fuerza en el recinto.
El borrador final del Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Por su parte, se prorrogan hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable e incorpora deducción de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.
Entre los otros temas a tratar, se incluye la modificación del Régimen Penal Tributario, denominada "Ley de Presunción de Inocencia Fiscal", y el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
Impulsado por el Ministerio de Economía, el proyecto de Inocencia Fiscal propone una fuerte actualización de los montos mínimos a partir de los cuales la evasión tributaria se considera delito penal. El piso pasaría de $1,5 millones a $100 millones. En el Gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la criminalización de infracciones menores y a incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados en unos u$s243.000 millones fuera del circuito formal.
Por su parte, la iniciativa de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetariaimpulsada por el Gobierno establece condenas penales de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten o ejecuten "normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento". Las penas se incrementan de 3 a 10 años para aquellas personas que ocupen cargos en el Banco Central.
