La abogada Mariana Barbitta, en representación de la jueza Cristina Pozzer Penzo, denuncia presiones y arbitrariedades por parte del Poder Judicial Federal de Corrientes, en un caso que pone en evidencia las dificultades enfrentadas por las mujeres en el sistema judicial."
En el comunicado, Barbitta expresa su preocupación por las recientes medidas adoptadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes (Cfac), señalando que estas acciones son un claro ejemplo de la presión ejercida sobre la jueza Pozzer Penzo.
La abogada denuncia que la Cfac, a través de la acordada Nro. 38/2024, ha realizado el traslado "preventivo" de dos funcionarios que habían sido denunciados por la jueza en la causa Nro. 297/2024. Esta decisión, según Barbitta, deja al Juzgado sin secretario de primera instancia, lo que afecta la distribución del trabajo y perjudica el correcto funcionamiento del servicio de Justicia.
Además, el comunicado destaca que las presiones hacia la única jueza mujer de la Justicia Federal de Corrientes no terminan allí. Se informa que una "comitiva” regional de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn) estaría llegando al Juzgado justo cuando la Dra. Pozzer Penzo se encuentra de licencia académica en la provincia de Mendoza.
En resumen, Barbitta sostiene que las medidas adoptadas por la Cfac y las reacciones desproporcionadas de la Uejn, ponen a la jueza en un estado de indefensión y afectan el correcto servicio de Justicia, en un contexto marcado por coacciones y sesgos de género.
En febrero, la jueza Pozzer Penzo, con el patrocinio de la abogada Barbitta, presentó una denuncia contra un secretario y un ordenanza del Juzgado Federal de Goya, alegando "graves e ilegales acciones que ambos desplegaron en el ejercicio de sus funciones". La denuncia incluye 12 incidentes ocurridos desde octubre de 2023, y especialmente en febrero de este año, relacionados con la destrucción de pruebas, la omisión de información importante, demoras injustificadas, desobediencia de órdenes superiores, y el abuso de poder por parte de estos funcionarios.
Este caso continúa en desarrollo y la sociedad espera una pronta resolución que garantice la imparcialidad y el correcto funcionamiento del sistema judicial.