En la búsqueda por adecuar el marco normativo nacional a estándares más severos frente a delitos graves, la diputada nacional por la provincia de Corrientes de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, presentó un proyecto de ley destinado a modificar parcialmente el Código Penal y elevar de manera drástica las sanciones por ataques contra la integridad sexual. La iniciativa cuenta con el respaldo formal de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, y nuclea firmas de representantes de diversos espacios políticos.

El texto legislativo también lleva las rúbricas de la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas), la mendocina Pamela Verasay (UCR), la tucumana Gladys Medina (Independencia) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), consolidando un fuerte consenso multipartidario entre legisladoras oficialistas y aliadas para acelerar su tratamiento parlamentario.

Imprescriptibilidad y modificaciones en la acción penal

El proyecto plantea una reforma parcial estructurada en dos ejes fundamentales. Por un lado, aborda las normas relativas a la prescripción de la acción penal, estableciendo que esta no prescriba jamás para aquellos ilícitos sancionados con prisión perpetua. Asimismo, eleva los plazos legales en los delitos reprimidos con prisión temporal (llevándolos de 12 a 15 años) y en aquellos sancionados con inhabilitación temporal, que pasarán de uno a tres años.

En la misma línea, la normativa propone incorporar nuevos motivos de suspensión de la prescripción —tales como los períodos de proceso a prueba y las condiciones acordadas en conciliación—, mientras que para la interrupción de los plazos agrega supuestos como la declaración de rebeldía y la formalización de pedidos de extradición ante la Justicia.

Nuevas escalas penales y argumentos de la iniciativa

El segundo gran eje del proyecto se concentra en el endurecimiento directo de las escalas punitivas vigentes. De este modo, se estipula elevar los máximos de condena a seis años para el abuso sexual simple, a 12 años para los casos gravemente ultrajantes, a 20 años para los abusos con acceso carnal y hasta 22 años de prisión cuando medien circunstancias agravantes.

“Las modificaciones propuestas responden a la necesidad de dotar de mayor coherencia al sistema, adecuar sus disposiciones a la gravedad de los delitos involucrados y nuestra decisión es evitar que el mero transcurso del tiempo, en determinados supuestos especialmente graves, pueda frustrar definitivamente la actuación de la Justicia”, argumentó la legisladora oriunda de Corrientes en los fundamentos del expediente presentado en el Congreso de la Nación.

FUENTE: MIGUEL CAMPOS