Ocurrió después de un choque de un remolcador paraguayo contra las estructuras de protección, luego de una desregulación dispuesta por el ministro. La Prefectura debió volver a limitar las dimensiones de los barcos que transitan por el lugar.
En tanto, el paquete de medidas del Gobierno ya registraba antecedentes debido a un conflicto que le generó al Estado una pérdida calculada en u$s300 millones. El episodio generó malestar en el presidente Javier Milei, quien dejó de respaldarlo y elogiarlo públicamente en las redes sociales. Luego, la administración libertaria dio marcha atrás parcialmente, aunque los puntos centrales de las desregulaciones se mantuvieron vigentes.
La colisión se registró después de que el Gobierno publicara en julio el decreto 690/2026, que se enmarca en los principios de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) y busca, según el texto, incrementar la concurrencia de prestadores habilitados y modernizar los estándares operativos y de seguridad del sector naviero.
Entre los cambios centrales, la norma establece que los prácticos habilitados podrán ser contratados libremente por los usuarios como profesionales independientes, y que los servicios de transporte para su embarque y desembarque -terrestres, acuáticos o aéreos- también podrán contratarse libremente.
