Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Gobierno Nacional denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras, luego del rechazo generalizado a la iniciativa oficial que originalmente permitía la extranjerización masiva de tierras rurales.

El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, y la aplicación de la Ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria (UxP), la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

Solo votaron en contra los diputados tucumanos Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes; mientras que se abstuvieron los diputados Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla (FIT), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Marcela Pagano (Coherencia).

En cambio, la aprobación del proyecto en general fue ajustadísima: 124 contra 119 y seis abstenciones —cinco cordobeses y Álvaro González, del PRO—. De manera que la iniciativa será girada al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos en Diputados.

Límites a la extranjerización de tierras rurales

El proyecto llega con media sanción a la cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó al Gobierno el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Paradójicamente, ahora el oficialismo anarcocapitalista fue el impulsor de restituir la Ley de Tierras (aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70/23.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.