Así, con la reunión de este miércoles, concluye la exposición de invitados y el miércoles 14 el oficialismo irá por el dictamen de mayoría, en busca de tratar el proyecto en el recinto en una sesión que tendría lugar el próximo 21 de octubre. Además, en esa jornada se debatirían y votarían el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
María Ibarzábal Murphy defendió el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía
La secretaria Legal y Técnica defendió en la Cámara de Diputados la iniciativa oficial destinada a blindar los recursos estratégicos en el Atlántico Sur. En un llamado al consenso con los distintos bloques parlamentarios, la funcionaria sostuvo que la iniciativa busca resguardar el territorio nacional: "Este es un tema que se trata lisa y llanamente de defender nuestra soberanía".
La propuesta oficial responde a la preocupación por el avance de proyectos de explotación no autorizados en las islas Malvinas, con especial foco en el plano petrolero. "El proyecto Sea Lion tomó la decisión para concretar en los próximos meses la explotación petrolera. Este es el primer proyecto que intenta pasar a la fase de explotación", advirtió, remarcando la urgencia de actualizar un marco normativo que considera obsoleto para frenar este y otros desarrollos en la región.
Para ello, la norma contempla derogar la Ley 26.659 e instaurar un régimen sancionatorio más duro que abarcará la pesca, la minería y los hidrocarburos. Entre las herramientas principales, se destacan el agravamiento de penas, las sanciones a proveedores y la posibilidad de reconvertir inversiones.
"Muéstrame los incentivos y te diré los resultados", citó la funcionaria al explicar el régimen de desistimiento, argumentando que "lo que nosotros necesitamos es que esos proyectos que se están desarrollando en Malvinas desistan". También defendió la inclusión de la figura del juicio en ausencia, argumentando que resulta esencial ante la proliferación de personas jurídicas extranjeras involucradas.
En el plano institucional, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional conducido por el Poder Ejecutivo. Frente a las inquietudes de la oposición, la funcionaria aclaró que "el Consejo no viene a fusionar a todos los integrantes permanentes, sino que viene a coordinarlos bajo una misma mirada", y ratificó la predisposición del Gobierno para sumar una Comisión Bicameral de Seguimiento parlamentario.
A su vez, la exposición dedicó un apartado central al fortalecimiento del Estado ante la injerencia e influencia extranjera indebida. La secretaria enmarcó esta regulación en las tendencias del derecho comparado y repasó las experiencias de países como Australia (que en 2018 estableció penas de hasta 20 años para quienes actúan financiados por un actor extranjero para influir en procesos políticos), Canadá, Noruega, Nueva Zelanda e Inglaterra.
En esa línea, remarcó que el texto propone prohibir aportes extranjeros en campañas y sancionar la desinformación pasiva orientada a manipular la opinión pública o alterar procesos electorales. "Esta propuesta entendemos que no criminaliza la difusión falsa, el error periodístico ni la cooperación internacional", concluyó la funcionaria.
Al responder el primer bloque de preguntas, Ibarzábal Murphy descartó la propuesta peronista de aprobar solo el primer título del proyecto: "Todo tiene que ver con Malvinas, separar y desvincular la cuestión Malvinas de la defensa integral de la soberanía nacional y la integridad territorial es un error conceptual".
"El proyecto no modifica ni reemplaza ningún artículo de la Ley de Seguridad Interior", aclaró la funcionaria tras el segundo bloque de preguntas y remarcó: "Todo el proyecto de ley se encuentra sujeto a la totalidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable". También negó que el consejo que propone crear la ley sea "un consejo de guerra".
Los cuestionamientos de la oposición al proyecto del Gobierno
En el segundo bloque de preguntas, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó el incumplimiento de la ley 27.558 sancionada en 2020 que determinó la conformación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes.
"El inciso B del artículo 2, sobre las funciones del consejo, dice 'colaborar en la elaboración del sustento de la oposición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos'. ¿Intervino este consejo? ¿No convocarlo nunca y no pedirle opinión no genera un incumplimiento de los deberes de funcionario público?", planteó el diputado.
El diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad Juan Carlos Giordano adelantó que todo el bloque, de cuatro bancas, "rechaza al 100%" y no buscará un consenso. "Para nosotros está claro con la respuesta de la secretaria que dijo que es un proyecto muy estudiado, que se sienten muy cómodos y que van unidos todos los capítulos", concluyó el legislador.
"¿A qué se debe el giro de que 'hay ocupantes' cuando Milei decía que había que darle autodeterminación a los kelpers para que decidieran que hacer con Malvinas?", le preguntó Giordano a Ibarzábal Murphy tras calificar de "falso patriotismo" el giro "discursivo, no político" del Presidente.
La diputada fueguina de Unión por la Patria Andrea Freites advirtió sobre la creación de "un régimen de blanqueo para quienes se beneficiaron de la explotación ilegal de recursos argentinos".
"Si estamos diciendo que la explotación ilegal de nuestros recursos en Malvinas constituye una afectación de nuestros derechos soberanos, ¿por qué este mismo proyecto crea un régimen que permite regularizar estas conductas y llegar a la extinción de acciones administrativas y penales?", cuestionó la legisladora a la funcionaria.
Además, Freites criticó que el proyecto "no garantiza la participación de Tierra del Fuego en el consejo que va a definir las políticas de seguridad nacional, Ushuaia es la capital de Malvinas".
Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía
La iniciativa impulsada por el Gobierno plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto establece penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público de infractores. Las restricciones ya no alcanzarían únicamente a los hidrocarburos, sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendría facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.
El proyecto también contempla medidas ante amenazas consideradas graves e inminentes, como el bloqueo temporal de fondos, restricciones financieras y comerciales y la suspensión de determinadas autorizaciones. A su vez, incorpora la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles como último recurso dentro de un protocolo específico.
Otro de los puntos establece restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas electorales e incorpora nuevos delitos vinculados con espionaje, operaciones clandestinas, desinformación, violencia y sabotaje.
