La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) lanzó un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida, confirmada por sindicatos como FEDUBA, ocurre en medio de una tensa disputa judicial y política en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso ratificó tras el veto presidencial pero que el Ejecutivo aún no aplica en su totalidad.

Las universidades públicas no reciben los fondos que establece esa norma, pese a que existan fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. Esta demora afecta tanto el funcionamiento cotidiano de las instituciones como el pago de salarios docentes y las becas estudiantiles.

Desde los gremios denuncian que las actualizaciones salariales de los últimos meses surgieron de decisiones unilaterales, sin una paritaria formal, y que resultaron muy por debajo de la inflación. Estiman que el poder adquisitivo del sector cayó casi un 30% desde diciembre de 2023, por lo que necesitarían un aumento superior al 50% para recuperar el nivel de compra de esa fecha. La pérdida golpea con mayor dureza a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, aunque también alcanza a las exclusivas.

Otro punto crítico es la fuga de docentes e investigadores con posgrados, que migran hacia el sector privado o el exterior atraídos por mejores ingresos. Este drenaje de talento compromete la calidad educativa y la producción científica del país.

El paro coincide con la demora gubernamental en implementar la ley, y las organizaciones sindicales advierten que endurecerán las medidas si el Poder Ejecutivo no ofrece respuestas concretas.

El gobierno lleva más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que lo obliga a aplicarla . El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Ejecutivo el 26 de junio de 2026 y mantuvo vigente la cautelar que exige la actualización salarial de docentes y no docentes, así como la recomposición de las becas estudiantiles . Sin embargo, el Poder Ejecutivo continúa dilatando su ejecución . El acuerdo salarial del 24,33% que el gobierno alcanzó con los rectores no alcanza a cumplir lo que establece la ley: los artículos 5 y 6 exigen una recomposición automática por inflación desde diciembre de 2023, lo que implicaría un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales . Las becas estudiantiles siguen congeladas en $35.000, otro punto que la norma ordena actualizar .